Entrevistado por Bolivia TV, Chávez señaló que el informe de la OEA no fue auditoría porque no dio cifras ni cumplió ningún parámetro marcado por los cánones nacionales e internacionales para calificarla como tal.
Recalcó que en octubre de 2019 el acuerdo entre el Gobierno y la organización internacional consistía en la realización de una auditoría (a los comicios presidenciales) que al final no fue cumplida.
Estas afirmaciones del procurador general acontecen tras la insistencia de la OEA en la tesis del ‘fraude’ en los comicios presidenciales celebrados en la fecha mencionada.
Además, recientemente realizó un peritaje la Universidad de Salamanca (España), que descartó cualquier ilegalidad, cuyo informe técnico fue encargado por la Fiscalía boliviana.
El Gobierno defendió la pesquisa encargada a esta institución y advirtió que no permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras por parte de la OEA.
El 10 de noviembre de 2019 esa entidad hemisférica publicó el informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de los comicios generales y aludió un presunto cambio de tendencia en el conteo de votos.
Tal situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la dimisión de Evo Morales, quien había ganado en las urnas y denunció el golpe de Estado fabricado contra su liderazgo.
Los acontecimientos se precipitaron en una escalada de violencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez contra los simpatizantes del Movimiento Al Socialismo y la población en las calles.
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