La iniciativa salió adelante con los votos favorables de tres senadores de oposición y dos en contra de los partidos oficialistas Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
En el lento camino para convertirse en ley, el texto pasará ahora a análisis y aprobación del pleno del Senado en próximas sesiones, aunque se espera un tenso debate.
Los partidarios aseguran que existen votos suficientes para aprobarlo, pero analistas advierten que algunos artículos requieren como mínimo 25 votos favorables y la oposición, aunque mayoritaria, cuenta con 24 senadores y necesitaría el apoyo de un legislador de derecha, cosa muy difícil.
Al exponer su voto a favor, el senador Socialista Alfonso de Urresti señaló que el movimiento popular que ha vivido Chile desde octubre de 2019 ‘no puede ser penalizado y muchos de quienes hoy están privados de libertad no han tenido procesos justos’.
La tramitación del proyecto de indulto ha sido seguida con atención en amplios sectores del país que incluso se han manifestado en las calles reiteradamente exigiendo la libertad de los presos de la revuelta.
Precisamente, este miércoles, mientras sesionaba la comisión, miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) coreando la consigna: ‘Liberar a los presos por luchar’, se congregaron frente al Palacio de la Moneda, en el centro de esta capital.
Incluso, varios se encadenaron a las altas vallas que rodean la casa de Gobierno y finalmente fueron detenidos por fuerzas especiales de Carabineros.
También familiares de los presos se manifestaron frente a la sede del antiguo Congreso Nacional, para reclamar la rápida aprobación del proyecto legislativo.
Al menos 806 jóvenes, muchos de los cuales llevan en prisión preventiva casi dos años, pudieran ser beneficiados por el indulto, según cifra entregada a esa comisión por el Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos formado por familiares y activistas.
Para los promotores de la medida existen los antecedentes y argumentos jurídicos para aprobar el indulto, porque se trata de cientos de personas que llevan año y medio en prisión preventiva, sin procesos, ni condenas e incluso víctimas de detenciones irregulares.
Sin embargo, el gobierno ha negado la existencia de presos en esas condiciones señalando que las personas detenidas cometieron delitos y fueron sancionadas por tribunales.
El pasado domingo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró esa posición, alegando que el proyecto ‘parte de una premisa falsa, que tipifica como presos políticos a delincuentes comunes’ y señaló que el Ejecutivo apelará a todas las instancias correspondientes para impedir la aprobación del indulto.
msm/rc
