En enero pasado, la magistrada Vanessa Baraitser se rehusó a entregar al periodista australiano a los fiscales norteamericanos, que quieren juzgarlo por denunciar en WikiLeaks crímenes de guerra cometidos por las tropas norteamericanas en Iraq y Afganistán, y publicar cables diplomáticos del Departamento de Estado.
Aunque no rechazó ninguno de los argumentos esgrimidos por Washington para querer enjuiciar a Assange, la jueza británica alegó entonces, tras escuchar el testimonio de psiquiatras y psicólogos, que el ciberactivista podría suicidarse si es encerrado en una cárcel de máxima seguridad estadounidense.
En julio pasado, el Tribunal Superior con sede en Londres aceptó el recurso de apelación presentada por los representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes ahora intentarán convencer a los magistrados de esa instancia de que la vida del fundador de WikiLeaks no corre peligro en el sistema carcelario norteamericano.
De ser entregado a la justicia estadounidense, Assange podría ser condenado a 175 años de prisión, a partir de 17 cargos de espionaje y otro de conspiración para cometer piratería informática que se le imputan.
El periodista australiano, quien esta encerrado en una prisión de máxima seguridad londinense desde su arresto en abril de 2019 en la embajada de Ecuador en esta capital, tiene previsto asistir en persona a la vista oral.
Los seguidores del fundador de WikiLeaks y su pareja sentimental, Stella Moris, también convocaron a una manifestación frente al tribunal ubicado en el centro de Londres.
Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Assange son un ataque frontal al derecho de publicar lo que el púbico tiene el derecho de saber, que constituye la piedra angular de lo que hace a un país libre y abierto, y eso no es algo que se activa y se apaga con un interruptor, afirmó Moris en vísperas de la vista oral.
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