Los tres temas tienen como factor común nuevos roces del gobierno de Sebastián Piñera con el poder legislativo, fuerzas políticas de oposición, amplios sectores sociales y las organizaciones defensoras del medio ambiente.
El miércoles, un proyecto de indulto humanitario a presos de la revuelta que estalló en octubre de 2019 avanzó un paso más al ser aprobado por la comisión de Constitución del Senado con los votos favorables de los legisladores de oposición y dos en contra de la derecha.
En el lento camino para convertirse en ley, el proyecto de indulto pasará al pleno del senado en próximas sesiones, aunque se espera un tenso debate.
Su tramitación ha sido seguida con atención por amplios sectores que se han manifestado en las calles reiteradamente exigiendo la libertad de los presos de la revuelta.
Al menos 806 jóvenes pudieran beneficiarse del indulto, para cuyos promotores existen los antecedentes y argumentos jurídicos para aprobarlo, porque se trata de personas que llevan año y medio en prisión preventiva, sin procesos ni condenas e incluso víctimas de detenciones irregulares.
Sin embargo, el gobierno niega la existencia de presos en esas condiciones y ha expresado que apelará a todas las instancias posibles para impedir la aprobación del indulto.
El mismo día, comenzó el debate parlamentario para un cuarto retiro de fondos de pensiones al cual podrían acceder millones de personas, tema que centró de nuevo la atención de la opinión pública.
De ser aprobado, sería la cuarta oportunidad en que los trabajadores chilenos pueden extraer sus ahorros de las empresas privadas aseguradoras de fondos de pensiones, para enfrentar con sus propios medios la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19.
La iniciativa enfrenta un fuerte rechazo del Gobierno, que la considera innecesaria luego que se aprobara la entrega de un Ingreso Familiar de Emergencia que según La Moneda beneficia a 15 de los 19 millones de chilenos, y pudiera también ejercer el veto.
Por si fuera poco, la inesperada aprobación el jueves por una Comisión de Evaluación Ambiental de una gigantesca inversión minera que pudiera causar serios daños ambientales generó una fuerte controversia y críticas al gobierno.
El proyecto Dominga, contempla una inversión superior a los dos mil 500 millones de dólares que incluye la construcción de un enorme puerto para embarcar hierro y cobre en el Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos del planeta.
Pero ambientalistas y otros sectores lo rechazan de plano pues consideran que la aprobación fue fraudulenta e ilegal, además de constituir un atentado al medio ambiente, precisamente cuando el país sufre ya los efectos devastadores del cambio climático.
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