Este equipo realizó durante ocho meses una investigación en el país, a partir de la cual entrevistó a 400 personas, analizó más de 120 mil expedientes y escuchó testimonios de organizaciones sociales, así como testigos de los hechos de violencia e instituciones.
El Gobierno aceptará el documento del GIEI sobre los sucesos en la nación desde el 1 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2019, aseguró el vocero presidencial, Jorge Richter.
Este documento permite cerrar la pesquisa sobre la violencia registrada entonces y abre el inicio de procesos contra los responsables, explicó el portavoz en declaraciones la víspera al programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV.
Señaló que en noviembre de 2019 al menos 37 personas perdieron la vida por impactos de bala, más de 800 heridos, hubo más de mil detenidos injustamente y otras acciones que no solamente reflejan las masacres de Sacaba y de Senkata, sino de todo el territorio.
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, compartió en su cuenta de la red social Twitter que el documento estará disponible desde el 17 de agosto, después de que sea entregado al presidente Luis Arce en de la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo).
Los especialistas estarán el miércoles, jueves y viernes en Senkata, Sacaba, Potosí, Sucre, Santa Cruz y Montero para exponer e intercambiar con las víctimas, precisó el titular.
Para el representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, el texto permitirá conocer quiénes fueron los autores intelectuales, materiales y cómplices de la muerte de bolivianos por impactos de bala en noviembre de 2019.
En esa fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Bolivia en el contexto de la arremetida contra el gobierno constitucional de Evo Morales y luego emitió recomendaciones, entre ellas la necesidad de crear e instalar un mecanismo internacional autónomo e independiente con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia y la verdad.
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