El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, declaró a periodistas que el domingo anterior permanecían en tránsito dentro del país unos dos mil 400 irregulares, como parte del flujo controlado convenido con Colombia y Costa Rica, que incluye el permiso para que se muevan entre fronteras y continuar la ruta.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad señalaron que en julio arribaron 18 mil 814 personas por las trochas de la selva de Darién, donde se encuentra la línea divisoria binacional, pero en los primeros 20 días de agosto se superó esa cantidad, a pesar de la intensa temporada lluviosa y las crecidas de los ríos.
Entre las nacionalidades de los irregulares, una tercera parte son haitianos que vivían en Brasil, Ecuador y Chile y en la mayoría de los casos son familias con niños que emigraron antes de su nación de origen y tras la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, buscan reasentarse en Estados Unidos y Canadá.
La situación migratoria en la región se agravó en los últimos tres meses cuando miles de personas atravesaron en diversos medios de transporte varios países de Sudamérica hasta llegar a Colombia y luego atravesaron a pie la inhóspita jungla de Darién, en un recorrido de entre siete y nueve días, donde una cifra indeterminada perdió la vida.
Esta crisis obligó a las autoridades de Panamá, Colombia, Costa Rica y otros países de la región, a reunirse con la finalidad de atender la situación y garantizar un trato adecuado y humanitario a los migrantes, que en el caso panameño incluye atención médica, alimentación y campamentos provisionales para su descanso.
De continuar el actual ritmo de arribos, los expertos calculan que el total anual sería cinco veces la cifra de 2018 (uno de los mayores), cuando entraron a Panamá 26 mil personas a través de la ruta selvática, refirió la directora istmeña de Migración, Zamira Gozaine, al hablar en el encuentro con presencia de alto nivel de diez países del continente.
En la cita realizada el pasado 11 de agosto, la funcionaria propuso que todas las naciones apliquen medidas de seguridad para detectar criminales a través de datos biométricos con la búsqueda de alertas internacionales en los archivos de los órganos policíacos.
También los anfitriones solicitaron una acción conjunta contra el crimen organizado que realiza la trata y el tráfico de personas, al tiempo que estimularon a los demás países a incrementar las sanciones para tales delitos y neutralizar a los delincuentes, al otorgar visas de tránsito a fin de legalizar el movimiento.
mv/orm
