Según detalló la senadora Patricia Arce, en el caso de Mesa se le señala por el caso Quiborax y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica tipificada en los artículos 153, 154 y 224 del Código Penal.
De acuerdo con el diario, Bolivia fue demandada por la empresa chilena Quiborax en 2006 debido a que no recibió ninguna indemnización por parte del Gobierno boliviano a consecuencia de que en 2004 el entonces presidente Mesa revirtió las 11 concesiones mineras que dicha entidad tenía para la explotación en el salar de Uyuni.
El exmandatario argumentó que la empresa no cumplió con las inversiones ni con el plan de explotación lo cual devino en posteriores litigios.
También en la ALP la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó proposiciones acusatorias de solicitudes de juicio contra el exministro de Gobierno de Alfredo Rada (2008) por genocidio en su forma sangrienta y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Igualmente se señala al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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