En el enunciado original, estos actos se definían como ‘promover o financiar, personalmente o a través de un intermediario (…) la difusión de hechos que usted sabe que son falsos y capaces de comprometer la salud del proceso electoral’.
Tal ratificación del proyecto ocurre cuando Bolsonaro es investigado en el Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la difusión organizada de información falsa, con el objetivo de desestabilizar la democracia.
El Senado aprobó el 10 de agosto el proyecto y antes de la votación, el titular de la asamblea, Rodrigo Pacheco, comentó que la propuesta, ‘de hecho, modifica, por no decir entierra, los escombros autoritarios, con una modificación de conceptos, estableciendo y valorando el Estado de Derecho democrático’.
Los senadores introdujeron cambios específicos en la redacción del texto, pero rechazaron la mayoría de las sugerencias de cambios sustanciales.
El nuevo contenido normaliza 10 nuevos delitos que son atentado a la soberanía, a la integridad nacional, espionaje, abolición violenta del Estado de Derecho Democrático y golpe de Estado.
De igual manera, interrupción del proceso electoral, violencia política, sabotaje y atentado al derecho a manifestarse.
Todos contemplan penas de cárcel, que van desde un año hasta los 12, en dependencia de la infracción.
La disposición fue utilizada en los últimos meses contra adeptos de Bolsonaro.
En febrero, el juez Alexandre de Moraes, del STF, la usó para ordenar la detención del diputado Daniel Silveira.
Silveira había difundido un video en el que defendía el AI-5, instrumento de represión del régimen castrense (1964-1985), y el cierre de la corte superior.
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