La negativa responde a la posibilidad de que una vez fuera del penal de Miraflores, Áñez intente abandonar de manera ilegal el país como hicieron los exministros de Gobierno y defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, también personas de interés en el caso Golpe de Estado y acusados de corrupción, entre otros cargos.
Los abogados de la exmandataria solicitaron la liberación sobre la base de informes médicos que recomiendan su internación en un centro hospitalario.
Sin embargo, el juez anticorrupción Segundo de La Paz, Andrés Zabaleta, negó el pedido y argumentó que para ser válido debe ser resultado de una junta médica.
Zabaleta aseguró que Áñez cuenta con atención médica, su estado clínico y neurológico es estable y la hipertensión está controlada.
La semana próxima la procuraduría General del Estado presentará un informe a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado de salud y condiciones en prisión de la exmandataria.
Mientras, diversas voces del espectro político boliviano alertan sobre una campaña que orquestan familiares de Áñez y la derecha para victimizarla ante la opinión pública internacional en relación con supuestas violaciones a sus derechos humanos y peligro inminente para la vida.
Áñez presidió el gobierno constitucional que resultó del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, gestión caracterizada por la represión, persecución política, privatización, corrupción y endeudamiento del país con organismos financieros internacionales
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