El juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez, lo sentenció a solo cuatro años de cárcel suspendida, una especie de libertad condicional y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas durante otros cuatro años, por el delito de encubrimiento real.
El magistrado validó así la acusación fiscal, según la cual Chávarry obstaculizó el acopio de evidencias, en las investigaciones a cargo del equipo especial Anticorrupción encargado de casos que involucran a la empresa brasileña Odebrecht, para librar de responsabilidad a dirigentes del partido Fuerza Popular, que lidera Fujimori.
El condenado cometió el delito al ordenar el deslacrado de una oficina que el fiscal Anticorrupción, José Pérez, había bloqueado tras allanar ambientes del Ministerio Público en busca de evidencias de que Chávarry maniobraba a favor de la dirigente neoliberal.
En el curso del proceso se demostró que en enero de 2019 el entonces fiscal de la Nación ordenó a su asesora Rosa Venegas -quien así lo confesó- que retirara la documentación del ambiente lacrado, la cual fue desaparecida.
El fiscal Pérez realizó la operación, con autorización de un juez, debido a que en sus pesquisas detectó en conversaciones por mensajería de Internet que Fujimori y legisladores de su partido contaban con Chávarry para bloquer la pesquisa a la dirigente.
Esa investigación, por lavado de activos y otros delitos, estaba referida a aportes electorales clandestinos de Odebrecht, enmascarados como contribuciones legales.
El caso está en una etapa previa al juicio y la Fiscalía presentó una investigación con centenares de evidencias y pide 30 años y 10 meses de cárcel para Fujimori y miembros de su entorno y otras penas para 41 co-acusados,
Chávarry tuvo que renunciar al cargo por ese caso y otros factores y en junio de 2020 y retuvo la categoría de fiscal supremo, siendo definitivamente destituido en enero pasado por la Junta Nacional de Justicia.
El fiscal condenado hoy ha sido acusado también de integrar una red de corrupción judicial, cuya cabeza visible era el hoy exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza, fugado a España y en proceso de extradición.
La citada red cobraba sobornos por sentencias y tenía un sistema de intercambio de favores y de toma de posiciones importantes en el sistema judicial y, según denuncias de la prensa, mantenía vínculos con empresarios, periodistas y otros personajes.
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