El Ministerio Público informó que su titular presentó la denuncia constitucional contra el exmandatario, como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado
La denuncia incluye al hijo menor de Fujimori, Kenji, por delitos similares; y a los entonces ministros de Justicia, Enrique Mendoza; y Salud, Fernando D’Alessio, como cómplices primarios.
Mendoza y D’Alessio avalaron el indulto humanitario pese a que no cumplía con requisitos legales como la gravedad de la salud del beneficiado, por lo cual fue anulado y Fujimori volvió a prisión.
Ávalos dispuso que la Fiscalía Anticorrupción asuma los casos del recluso Fujimori y los involucrados miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales y la Junta Médica Penitenciaria.
El indulto se decretó el 24 de diciembre de 2017 por el afán de conseguir apoyo de la bancada de Fuerza Popular, partido de la hija mayor de Fujimori, Keiko, y cuya mayoría parlamentaria hacía oposición al mandatario.
El tema se sumó a los ingredientes de un conflicto entre los hermanos Keiko y Kenji, en el que éste y un grupo de legisladores buscaban la colaboración del fujimorismo con el Gobierno, a partir de las posiciones neoliberales de ambas partes.
Keiko se consideraba despojada de la presidencia por un supuesto fraude electoral y usó su amplia mayoría, de 73 legisladores sobre un total de 130, para ejercer una oposición tajante.
En ese afán y ante denuncias de negocios turbios de la década anterior de Kuczynski con la empresa brasileña Odebrecht, Keiko impulsó su vacancia (cese) por ‘incapacidad moral permanente’.
Un pacto bajo la mesa entre Kuczynski y Kenji Fujimori determinó que el segundo y sus seguidores se abstuvieran en la votación de la vacancia, el 22 de diciembre de 2017 y dos días después se decretó a cambio el indulto.
La bancada fujimorista, férreamente dirigida por Keiko, no cesó en su empeño y en marzo de 2018, ante nuevos elementos que inculpaban al gobernante, planteó otro pedido de destitución en el Congreso de la República.
Esta vez, el legislador fujimorista Moisés Mamani aparentó interés en sumarse a las huestes de Kenji y grabó con una cámara enmascarada como un reloj, conversaciones con él en las que el menor de los Fujimori le ofreció diversas prebendas.
La difusión de la conversación provocó un escándalo y Kuczynski optó por renunciar, tras lo cual fue investigado y sometido a prisión preventiva, la que eludió por problemas de salud y permanece bajo detención domiciliaria.
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