A meses por delante de que se convoque a un inminente referendo revocatorio, la encuestadora Opción Consultores realizó una reciente medición que arrojó un 47 por ciento a favor de eliminar esos contenidos de la legislación y 37 en contra.
Según expertos de la entidad, los impulsores de la derogación precisarían entre 9-10 puntos adicionales para alcanzar su objetivo, lo que significa conseguir un 40-45 por ciento del segmento indefinido de votantes, el 19 por ciento de los recién encuestados.
El pasado 7 de setiembre la Corte Electoral realizó su última actualización del proceso de validación de firmas para convocar a un referendo e indicó una baja proporción de papeletas anuladas de un total de 800 mil entregadas para el conteo.
Para habilitar la consulta ciudadana se requiere constitucionalmente 675 mil rúbricas, y ya se contabilizó un tercio de las necesarias, por lo cual hasta la coalición gubernamental de partidos de derecha propugnadora de la LUC da por seguro acudir a las urnas hacia marzo de 2022.
El referido Monitor de opinión pública señaló por ahora una situación de paridad entre ambas posiciones respecto a la controversial legislación de cerca de 500 artículos, promulgada por el Poder Ejecutivo en julio de 2020.
La Comisión Nacional Pro referendo, integrada por decenas de organizaciones sociales comenzó a movilizarse en campaña de debate y diálogo con ciudadanos para explicar los efectos perjudiciales de estipulaciones en seguridad, educación, vivienda, de los que denuncia carácter retrógrado.
El Frente Amplio ratificó en su último Plenario el objetivo priorizado de modificar aspecto de LUC encaminados a la restauración conservadora neoliberal.
Por su parte, el oficialismo indicó que también se prepara para defender su proyecto de país de orientación de derecha.
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