Mientras el movimiento sindical reclamaba la medida por considerarla injusta, voceros empresariales manifestaron que puede afectar la reactivación económica posterior a la crisis generada por la pandemia y causar la quiebra de sociedades.
La norma dispone terminar el 2 de octubre próximo con la llamada suspensión perfecta, lo que consideró justo y pertinente el periodista Marco Pflucker, especializado en temas laborales, en declaración a Prensa Latina.
‘Es un avance porque esa política golpeaba brutalmente a la clase trabajadora en plena pandemia de Covid-19 y significó el despido de millones de trabajadores’, dijo el director del programa Hora Laboral, difundido por Internet.
Afirmó que la ley, dictada en abril de 2020 por el gobierno de Martín Vizcarra para impedir la quiebra de empresas y la preservación de las fuentes de trabajo, no cumplió su cometido en el segundo aspecto.
Según Pflucker, la suspensión perfecta, dictada solo por unos meses y prorrogada continuamente por Vizcarra y su sucesor Francisco Sagasti, debió levantarse hace tiempo por favorecer actos de injusticia.
En muchos casos benefició a empresas que no lo necesitaban porque, además recibieron financiamiento a bajo interés, avalado por el Estado y, aún así, no dudaron en suspender y hasta despedir a muchos obreros.
Tras oficializarse la medida esta semana, mediante un decreto de urgencia, el ministro de Trabajo Íber Maraví afirmó que se trata de ‘una acción del gobierno del pueblo y vendrán más para hacer justicia a los trabajadores’.
‘Y no es porque estemos en contra de los empresarios, que tienen una gran importancia para el desarrollo del país, sino porque en la relación entre trabajadores de empresarios tiene que haber justicia y equilibrio’, agregó
Maraví habló ante cientos de empleados del exclusivo Club Regatas Lima, que llegaron hasta el Ministerio de Trabajo porque podrán volver a laborar.
El decreto fue anunciado semanas atrás por el primer ministro Guido Bellido en una presentación ante el Parlamento, donde anunció un diálogo con empleadores y trabajadores sobre la nueva agenda laboral, la cual pretende fortalecer la fiscalización laboral para detectar abusos patronales.
Asimismo, contempla restablecer la negociación sindical por ramas de actividad y revisar la llamada tercerización, que permite a las empresas encargar a compañías de servicios parte de su proceso de producción para burlar así derechos laborales.
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