La autoridad rechazó las expresiones de violencia contra un comunicador de La Paz y otro de Cochabamba, y repudió todo tipo de agresión a ese gremio ‘venga de donde venga’, informó la Agencia Boliviana de Información.
Alcón logró este martes con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen la liberación del periodista Carlos Quisbert, arrestado por la Policía cuando cubría un conflicto de cocaleros en La Paz.
Por su parte, el periódico Opinión de Cochabamba denunció una agresión la víspera contra su periodista Miguel Rojas por grupos leales al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuando el reportero filmaba una vigilia mediante su celular.
‘Los trabajadores de la prensa –señaló la viceministra- tienen las garantías para realizar su trabajo y eso es lo que estamos haciendo, lo demostramos desde el primer día’.
La viceministra aseguró que el ejecutivo ‘no criminalizará la libertad de expresión, el ejercicio de los trabajadores de la prensa’.
Ancón recordó el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, que garantiza a los periodistas el derecho a la comunicación, y a los demás bolivianos ‘la libertad de expresión, a la rectificación y a la réplica’.
Ese acápite defiende también la oportunidad de los ciudadanos ‘de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa’.
‘Señalamos en muchas oportunidades que el trabajo periodístico debe respetarse. Eso es estar en un país con democracia y lamentamos las agresiones que se puedan generar contra los trabajadores de la prensa’, puntualizó.
Alcón contrastó esa política actual con la del gobierno de facto de Jeanine Áñez, que tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, ‘hizo seguimiento a periodistas que no compartían la línea oficial y eran considerados sediciosos’.
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