Los senadores demócratas Cory Booker y Karen Bass, y el republicano Tim Scott iniciaron el proceso de debate en 2020, poco después de que se desatara una oleada de protestas en el país debido a la brutalidad policial.
Después de meses de agotar todas las vías posibles para llegar a un acuerdo bipartidista, no logramos el consenso necesario porque hay un abismo en ambos partidos, explicó Booker.
La senadora Bass atribuyó la falta de acuerdos al Partido Republicano al argumentar que cada vez ponían más obstáculos para frenar el proyecto de ley.
El anuncio del fin de las conversaciones se produce después de que el grupo incumpliera varios plazos autoimpuestos para intentar llegar a un acuerdo.
A finales de julio, justo cuando creían que lograrían un acuerdo final, el grupo anunció por segunda vez una prórroga para ‘limar las diferencias’.
El año pasado la Cámara de Representantes aprobó en dos ocasiones un amplio proyecto de ley que lleva el nombre de George Floyd, el hombre negro que murió después de que un policía blanco se arrodillara sobre su cuello durante ocho minutos y 46 segundos.
Pero la norma no llegó a ninguna parte en el Senado de entonces mayoría republicana, mientras que los demócratas bloquearon un proyecto de ley alternativo propuesto por el legislador Scott por no contemplar la inmunidad calificada.
El documento ‘George Floyd’ no cuenta hoy con los 10 votos republicanos necesarios para romper el filibusterismo en el Senado, incluso aunque el líder de la mayoría, el demócrata Charles Schumer, lo someta a votación.
El proyecto busca prohibir técnicas de estrangulamiento, retenciones carotídeas y órdenes de detención sin previo aviso a nivel federal, mientras promueve la inmunidad cualificada y crea un registro nacional de mala conducta policial.
Dado que nuestros homólogos no están dispuestos a llegar a un compromiso, no tenemos otra opción que explorar otras vías para detener la brutalidad policial en el país, aclaró Booker.
El legislador urgió a la administración del presidente Joe Biden a que haga uso de sus facultades constitucionales y tome medidas para mejorar la responsabilidad policial sin necesidad de que el Congreso intermedie.
El anuncio constituye un revés para las víctimas de represión en el país, que buscan justicia en medio del aumento de la brutalidad de las fuerzas del orden público y la discriminación por motivos de raza, género y lugar de origen.
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