‘Hay que tener mucho cuidado porque tenemos información de gente infiltrada que está en estos conflictos, en la marcha indígena, en el problema de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) y en diferentes escenarios’, afirmó en entrevista al canal Bolivia TV el viceministro de la cartera de Justicia y Transparencia Institucional Jorge Silva.
Según el vicetitular a cargo de la Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, un sector extremista de la oposición moviliza a los infiltrados para generar choques violentos y después culpar al Ejecutivo del Movimiento al Socialismo.
La estrategia tiene como objetivo, por un lado, propiciar las condiciones de un golpe de Estado, y en una segunda vertiente buscan romper el bloque popular, explicó en el programa Primer Plano, del canal televisivo.
Silva describió que los representantes de la derecha política transitan por esos dos carriles porque están conscientes de que pueden ganar comicios municipales y departamentales, pero nunca imponerse en las justas generales de 2025 si el pueblo mantiene intacta su unidad.
Subrayó al respecto que los políticos conservadores apuestan en el momento actual a que ‘nos peleemos entre indios y campesinos’, como ocurre en el conflicto por el control de Adepcoca y los recientes actos de racismo y discriminación en la plaza 24 de Septiembre, en el departamento de Santa Cruz.
Llamó el viceministro a estar vigilantes porque las infiltraciones continuarán para quebrar la unidad en las juntas vecinales, las asociaciones y federaciones de transportistas, de gremialistas y de mineros entre otras fuerzas que respaldan al Gobierno del presidente Luis Arce.
Enfrentamientos con duración de cinco horas entre policías y una facción de cocaleros de los Yungas que emplearon dinamita con el fin de tomar los predios de Adepcoca, dejaron este lunes un saldo de 24 heridos y 15 detenidos, el piso de un edificio en llamas y un ómnibus dañado.
Por su parte, el Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación confirmó hoy que presentará una segunda denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros de sus correligionarios por el agravio durante un acto público a la wiphala, símbolo nacional de la resistencia indígena, y otros delitos.
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