Encabezados por familiares de las víctimas de la catástrofe, los manifestantes aseguraron que suspender la investigación era otro caso flagrante de obstrucción política.
Un vocero de las familias, Ibrahim Hoteit, anunció que una de las medidas de las familias de las víctimas contemplaría tomar la justicia por propias manos.
El malestar y la ira del grupo aumentó tras la decisión de detener el proceso investigativo ante una queja del exministro del Interior Nouad Machnouk, quien consideró politizada la pesquisa.
Machnouk rechazó una solicitud legal para presentarse a declarar ante el juez encargado del caso, Tarek Bitar.
Los familiares de las víctimas calificaron esa suspensión de vergonzosa y dañina, porque mata las esperanzas de quienes esperamos verdad y justicia, no venganza, expresó Hoteit.
‘Somos educados, pero no nos obliguen a convertirnos en matones callejeros’, añadió.
La concentración frente al Palacio de Justicia de Beirut desplegó una gran pancarta en la que se leía: ‘No nos matarán dos veces’.
Con retratos de sus familiares perdidos y exigiendo justicia, los manifestantes expresaron su apoyo al juez Bitar, cuyas citaciones a altos funcionarios para declarar le valieron amenazas.
Al predecesor de Bitar, Fadi Sawan, lo retiraron de la investigación en febrero último cuando citó a exministros y altos mandos para interrogarlos sobre la explosión.
‘Hemos sufrido durante 13 meses la injerencia de políticos y líderes sectarios en la investigación’, dijo Rima al-Zahid, cuyo hermano era un empleado del puerto y murió en la detonación.
El 4 de agosto de 2020 de toneladas de nitrato de amonio estallaron en un almacén portuario beirutí como resultado de lo cual se registró uno de los desastres no nucleares más grandes de la historia.
La onda de choque se sintió tan lejos como Chipre, a 150 kilómetros al oeste de Beirut, franjas enteras de la capital libanesa quedaron devastadas, 215 personas murieron y miles resultaron heridas, y unas 300 mil perdieron sus casas.
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