En una rápida reacción, un comunicado oficial aseguró que la Superintendencia de Sujetos no Financieros y la Dirección General de Ingresos harán ‘la supervisión inmediata’ y ‘los procesos de fiscalización’, respectivamente, como parte de la respuesta ‘para la protección de la imagen y reputación del país’.
A la vez anunció que, a través de la cancillería, comunicaron a la directiva del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), protagonistas de la investigación, ‘que seguimos con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país’.
El texto advirtió que el ejecutivo respeta libertad de prensa e información, pero trabaja ‘de forma cohesionada e interinstitucional’, para evitar ‘apreciaciones sensacionalistas’ como en el pasado, pero sin decirlo, hizo referencia al daño causado por los Panama Papers (Papeles de Panamá) en 2016.
La nota incluyó la exhortación del presidente panameño, Laurentino Cortizo, que ‘es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley’.
Como adelanto a la anunciada investigación, el Gobierno contrató a una firma de abogados en Estados Unidos para que lo representara frente a ICIJ, con sede en aquella jurisdicción, y los abogados propusieron el pasado 17 de septiembre un diálogo con los periodistas antes de publicar sus resultados para que escucharan al Ejecutivo, lo cual no tuvo éxito.
Los expresidentes de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) fueron incluidos en la investigación periodística mundial sobre presuntas cuentas secretas, muchas de ellas asociadas a dos firmas legales radicadas aquí.
El reporte, que se publicó este domingo a las 12:30 (hora estándar del Este) es el nuevo escándalo destapado por ICIJ que involucra a 336 políticos de 90 países, según registros filtrados en 11,9 millones de documentos.
De esas personas 298 son clientes de dos bufetes legales panameños, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Trident Trust, el primero ha creado al menos 14 mil empresas fantasmas y fideicomisos en paraísos fiscales para unos 15 mil clientes, desde 1996 hasta la fecha, según ICIJ.
‘Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones realizadas este 3 de octubre de 2021, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)’, aseguró la firma en un comunicado dirigido a los panameños.
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