Las expresiones de rechazo contra el llamado del Comité Pro Santa Cruz y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y por varios ministerios, señalaron medios locales.
La impugnación incluye a los titulares de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima; y de Obras Públicas, Edgar Montaño; así como a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, según la Agencia Boliviana de Información.
‘Lamentamos la actitud no solo del Conade, sino también de algunas instituciones cívicas con intentos de convulsionar, de desestabilizar al país’, declaró el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.
El dirigente obrero reprochó la actitud de los llamados ‘cívicos’, que pretenden perjudicar en gran magnitud la reactivación económica del país.
La autoridad sindical informó que coordinó con el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales ‘para convocar a una concentración en los nueve departamentos y defender la democracia y al gobierno elegido constitucionalmente’.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, repudió el paro convocado para el lunes próximo, porque –opinó- ‘esa medida frenará la reactivación económica del país y causará pérdidas’.
Tancara informó que las bases de esta federación determinaron descartar esa acción y, de ser necesario, ‘saldrán a desbloquear las calles, porque esta medida responde a intereses políticos’.
Por su lado, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que las convocatorias a movilizaciones ‘buscan impunidad para quienes están involucrados en los hechos de violencia y masacres de 2019’.
También el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, culpó al Comité Pro Santa Cruz y a sus seguidores ‘si se registra la quiebra de las empresas estatales por causa del paro’.
De acuerdo con el titular, la paralización de actividades promovida por los cívicos causará que las empresas dependientes de esa cartera pierdan sumas cuantiosas.
El funcionario situó entre esas entidades vulnerables a los Servicios de Aeropuertos y a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Aviación. Por su parte, Alcón sostuvo, igualmente, que un paro nacional o departamental no tiene razón de ser y, si se diera, ‘no afectaría al Gobierno, sino al bolsillo de los bolivianos, que intentan salir de la crisis económica’.
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz, también anunció que no acatará ningún paro decidido por Luis Fernando Camacho ‘porque detrás se esconden afanes de división’.
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