La denunciante bancada frenteamplista fundamentó que el acuerdo de otorgar por 60 años el control de la Terminal de contendedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Kaoten Natie configura ‘una serie de delitos muy graves’.
El documento presentado señaló como responsables al actual ministro del Interior, extitular de Transporte, Luis Alberto Héber, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo; y el subsecretario de Transporte y Obras Pública, José Olaizola.
Poco después el primer mandatario escribió en un twitter que ‘respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad’·
Mahía consideró que ‘fue una velada intervención pública de presión al sistema de justicia y un presidente tiene derecho a expresarse de todos los temas que le parezca pero por su investidura debería inhibirse de hacer ese tipo de comentarios’.
También se manifestó en esa misma línea el senador Mario Bergara durante una entrevista por la televisión horas antes.
El legislador Charles Carrera que encabezó la denuncia, criticó que ‘frente a las graves irregularidades e ilegalidades denunciadas por el FA en la entrega del puerto’, a un monopolio en la terminal de contenedores en Montevideo, por 60 años, Lacalle Pou reacciona de ‘forma destemplada’.
Reclamó que ‘la institucionalidad y el sistema judicial deben trabajar sin ninguna clase de presiones’ y exigió respeto.
El diputado Daniel Caggiani sostuvo que si el presidente quiere aclarar algo, puede ir a declarar cuando corresponda, lo correcto en un Estado de derecho es que la Justicia pueda actuar con absoluta libertad, independencia y sin ningún tipo de intimidación.
Por su parte el intendente del departamento de Canelones, Yamandú Orsi, afirmó que ‘un presidente se adelante al análisis de la Justicia no es buena señal, quien determina las responsabilidades es el Poder Judicial.
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