La queja legal de los exministros de Finanzas Ali Hassan Khalil y de Obras Públicas Ghazi Zeaiter es similar a otra remitida por el extitular del Interior Nouhad Machnouk y también rechazada.
Las demandas forman parte de una campaña con la cual intentan evitar la salida a la luz de responsables de la tragedia, en la cual murieron más de 200 personas y resultaron heridas unas seis mil 500.
Los tres exministros acusaron al juez de parcialidad y de politizar el proceso.
Familiares de las víctimas saludaron la decisión del Tribunal e instaron a Bitar mantener su línea de investigación.
La clase política gobernante cerró filas contra el juez y su antecesor, a quien sacaron del caso con el pretexto de un conflicto de intereses, pues alegaron que era dueño de una de las casas dañadas por la detonación.
Acusada por organizaciones humanitarias y el público en general, es evidente que la élite en el poder conoció la existencia del material explosivo mal cuidado en un almacén de la terminal portuaria.
Desde 2014, miles de toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante utilizado también como explosivo, estuvieron guardados en un muelle y se cree que al entrar en ignición causaron la catástrofe.
Bitar asumió el cargo en febrero último y de allá a acá fue objeto de acusaciones de politizar la pesquisa, violar la Constitución al ignorar la inmunidad otorgada a legisladores y funcionarios gubernamentales, y perseguir a funcionarios.
Los intentos de suspender el proceso investigativo originaron ira en los familiares de las víctimas con protestas frecuentes para exigir justicia.
A más de un año del mortal incidente aún no hay un solo acusado ni tampoco hay una noción exacta del origen de la explosión.
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