Analizamos acta por acta y puedo decir con total franqueza que no existió fraude en aquellos comicios, declaró el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, al concluir una revisión exhaustiva de esos documentos en busca de adulteraciones.
Bolivia no es un país fraudulento, añadió la autoridad en respuesta a las denuncias sin pruebas por sectores derechistas sobre supuestas alteraciones en la votación, que provocaron desórdenes y justificaron el golpe de Estado.
Según Chávez, el proceso de revisión y análisis por la Procuraduría comprendió 34 mil 555 actas electorales de los nueve departamentos, equivalentes al 100 por ciento del total de esos documentos, acreditados por datos oficiales de la consulta.
Las tareas técnicas de revisión y análisis –explicó- se basaron en una aplicación de red cerrada, conectada al sistema de gestión de bases de datos sobre las actas.
Respecto a los responsables de la pesquisa –agregó el jurista- dispusimos de personal académico y especializado en Informática de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Pública de El Alto.
El Procurador General del Estado lamentó que quienes en 2019 impulsaron la versión de fraude se abstuvieran ahora de participar en este proceso de revisión, ‘pese a las constantes invitaciones públicas formuladas al respecto’.
‘Este era el momento de venir con la verdad y sentar a sus delegados, con las copias de sus actas y, de esa manera, ver lo que pasó. No hicimos un reconteo, solamente un análisis de aquellas actas’, indicó.
Medios locales recordaron este viernes que aquellas elecciones presidenciales se basaron en la Resolución TSE-RSP-ADM N°239/2019 del 27 de mayo de aquel año, mediante la cual la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral convocó a los sufragios.
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