Todos coinciden en que hubo negligencia durante años por el mal cuidado en un almacén de la terminal portuaria de miles de toneladas de nitrato de amonio, una sustancia con características explosivas.
Sin embargo, la mayoría de las facciones coinciden en dilatar y entorpecer un proceso investigativo que pudiera amenazar su supervivencia, estiman los analistas.
La elite política obstruyó en varias ocasiones el trabajo del juez Tarek Bitar, quien citó para interrogatorios al exjefe de Gobierno Hassan Diab y los exministros del Interior Nouhad Machnouk, de Finanzas Ali Hassan Khalil y Obras Públicas Ghazi Zoaiter.
Pero por querellas aplazaron sus respectivas comparecencias e incluso solicitaron la renuncia de Bitar, una de las causas de la violencia mortal el pasado jueves en la localidad capitalina de Tayouneh.
Según los especialistas comienza a manifestarse un desvanecimiento de las esperanzas de señalar a los responsables de la catástrofe que causó la muerte a más de 200 personas y heridas a unas seis mil 500.
Un sector de la sociedad quiere llegar hasta el final y que emane la verdad, pero enfrenta a una cúpula gobernante dispuesta a cualquier método, incluido el asesinato o la guerra civil con tal de evitar salgan a la luz sus trapos sucios, reflexionan los observadores.
Los familiares de las víctimas de la explosión ven en Bitar la posibilidad de justicia en un país, en el cual los detentores del poder disfrutaron de impunidad sea cual sean sus delitos.
Después del conflicto interno libanés de 1975 a 1990, una amnistía exoneró de culpas a los señores de la guerra que hoy día cambiaron sus atuendos de combate por trajes de alta costura y muchos de ellos dirigen la política nacional.
La pesquisa de Bitar podría acabar con un régimen de impunidad bajo el cual cada parte acuerda olvidar los crímenes de la otra y viceversa.
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