El proceso alienta las esperanzas de acreedores que exigen esa investigación para iniciar un desbloqueo financiero y aliviar la crisis económica libanesa, una de las peores en la historia del país.
Las labores de Álvarez & Marsal comenzaron en septiembre de 2020, pero pararon unos dos meses después ante la negativa del ente emisor a entregar datos necesarios con el pretexto del secreto bancario.
Según lo contratado, la compañía radicada en Nueva York tendrá un plazo de 12 semanas para recopilar información y redactar un informe.
En diciembre pasado el Parlamento aprobó un proyecto de ley que suspende por un año el secreto bancario y allanó así el camino a la esperada auditoría que incluye métodos de criminalística.
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