Un texto dirigido al presidente del Consejo Permanente y a los delegados de los Estados miembros el Ejecutivo nicaragüense reafirmó su postura de no asistir a la convocatoria, la cual consideró una expresión de agravio a su soberanía.
La comunicación argumenta que en Nicaragua no está detenido ni un solo candidato a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, ni un solo inocente procesado, sino agentes extranjeros, que están siendo objeto de procesos legales,
De esa forma define la situación de más de treintena de políticos, empresarios y comunicadores detenidos a partir de los primeros días de junio y sobre quienes pesan acusaciones de menoscabo a la soberanía nacional, conspiración y lavado de dinero.
Son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas, internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional, argumentó la nota.
Tras señalar que tales acciones constituyen delitos de lesa humanidad, califica a los implicados como ‘instigadores, asesinos y destructores’ y recuerda que en otros estados esas contravenciones conllevarían a la aplicación de penas muy severas.
El texto realiza un resumen del proceso electoral en marcha y señala la participación de más de una docena de partidos políticos desde la etapa de formulación de las reformas electorales aprobadas por la Asamblea nacional (parlamente), el 4 de mayo último.
Así mismo expone los fundamentos legales que condujeron a la pérdida de la personería jurídica de los partidos opositores Conservador, Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad (CxL).
El primero adelantó que no presentaría candidatos a las elecciones, lo cual representa causa de disolución de oficio, y el segundo realizó alianzas de hecho con estructuras no autorizadas por sus propias instancias y a solicitud de sus dirigentes fue cancelada esa asociación, explicó la nota.
En el caso de CxL su máxima autoridad (Kitty Monterrey), ostentaba ciudadanía extranjera, y la propia Constitución nicaragüense de 1987 señala que los extranjeros no tienen derechos políticos partidarios institucionales.
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