Así lo hizo saber a la prensa el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, después de entregar una nota formal a representantes de los movilizados que arribaron este lunes a la ciudad de La Paz, luego de una semana de caminata.
Los movilizados exigen justicia por los sucesos del golpe de Estado de noviembre de 2019, cuando la represión en cadena de la Policía y del Ejército asesinó a 38 personas y decenas sufrieron lesiones de todo tipo.
La reunión está pactada para las 08:00, hora local, en el salón Rodolfo Llanes del Ministerio de Justicia y a la misma concurrirá una representación de 12 integrantes de la marcha, quienes serán recibidos por un equipo gubernamental, dijo el viceministro.
Precisó el funcionario que intervendrán tres autoridades de los ministerios de Gobierno, Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, y trabajarán en unidad y de manera integral.
En el encuentro también participarán el resto de los delegados de las asociaciones de todo el país que también fueron víctimas de la represión durante la asonada, añadió.
Sobre los procedimientos de la cita, Ríos adelantó que iniciará con la presentación de un informe sobre los avances en la materia y el estado actual de algunas de las 22 demandas presentadas el sábado último a las autoridades.
Estas incluyen iniciar juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por la golpista Jeanine Áñez que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’, que liberó de responsabilidades penales a policías y militares participantes en operativos.
Otras están referidas a seguir ese mismo procedimiento contra los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los que formaron parte del plan operativo contra el pueblo y los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.
Este lunes, los marchantes arribaron a La Paz procedente de la ciudad de El Alto ocho días después de su partida de Caracollo, departamento de Oruro, y caminar alrededor de 90 kilómetros.
Acompañados con banderas wiphalas y las fotos de las víctimas asesinadas por la violencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, mujeres, hombres y niños, algunos de ellos aún con las secuelas de la violencia, se dirigieron a la sede del Ministerio Público departamental.
A las puertas de esa instancia exigieron acelerar los procesos judiciales contra los implicados intelectuales y materiales de las masacres.
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