La nueva legislación, que se alcanzó luego de intensas negociaciones entre legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside el gobernador Pedro R. Pierluisi, ha causado mucha indignación en los trabajadores del sector público.
Esto, no sólo reduce beneficios conquistados por décadas de lucha, sino que se sacrifica el bienestar colectivo para satisfacer a bonitos buitres, que adquirieron bonos de Puerto Rico por 15 y 25 centavos y ahora cobrarán el 100 por ciento de su valor original.
Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tampoco se sintió satisfecha por algunas concesiones que contiene la medida, como la eliminación de los recortes a las pensiones de los trabajadores del gobierno y corporaciones públicas.
El organismo impuesto por Washington para controlar las finanzas del gobierno puertorriqueño se oponía al lenguaje contenido en el proyecto 1003 de la Cámara de Representantes.
En tanto, la abogada Eva Prados condenó que el PPD y el PNP hayan acordado pagar la deuda pública sin que se hiciera una auditoría forense, pese a dos emisiones de bonos en 2012 y 2014 que se hicieron sin cumplir con la ley.
Otro sector lesionado por la acción de los dos partidos tradicionales, que se han alternado el gobierno por medio siglo, son los estudiantes de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR), que han visto incrementado el coste de la matrícula.
La UPR tendrá una asignación fija de 500 millones de dólares de presupuesto por un periodo de cinco años, insuficiente para darle estabilidad a la más importante institución académica del país.
La Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, que ordena la creación de la Ley Habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), autoriza emisión de bonos para reemplazar los que quedaron devaluados.
Los acuerdos incluidos en el PAD reducen la deuda pública del gobierno central en aproximadamente un 50 por ciento, según el gobierno, lo que rechazan peritos como el abogado Rolando Emmanuelli y sectores de izquierda.
Según los defensores del acuerdo, la deuda pública de Puerto Rico se reduciría de 70 mil millones de dólares a 34 mil millones.
Mientras, la deuda de bonos de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de 18,8 mil millones a 7,4 mil millones.
Expertos como Emmanuelli y Prados anticipan que Puerto Rico terminará en una bancarrota peor a la que ocurrió en 2016, que dio origen a la legislación Promesa y a la Junta de Supervisión Fiscal.
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