Una resolución aprobada y divulgada por medios de prensa locales de la denominada alianza Pacto de Unidad exigió celeridad a la justicia para los asesinatos cometidos por el Ejecutivo golpista de Jeanine Áñez durante el golpe de Estado de 2019.
Conminamos a los entes competentes como la Fiscalía y los ministerios de Gobierno y de Justicia ‘iniciar acelerar todas las acciones necesarias’, subrayó la nota.
El Pacto de Unidad lo integran la Confederación Sindical Única de Trabajadores, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales.
También la componen el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y la Confederación de Pueblos Indígenas.
La represión en cadena de la Policía y del Ejército bolivianos durante los sucesos de noviembre de 2019 en Sacaba, departamento de Cochabamba, y en Senkata, El Alto, dejó un saldo de 38 personas muertas y decenas sufrieron lesiones de todo tipo, según los datos oficiales.
Víctimas sobrevivientes y familiares de las masacres llegaron el pasado lunes a La paz, tras recorrer a pie los 190 kilómetros que separan a Oruro de la capital, para exigir justicia por sus seres queridos.
Los demandantes presentaron la semana anterior a las autoridades un pliego con 22 demandas, en la que destaca el inicio de juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por Jeanine Áñez que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’.
Esta normativa liberó de responsabilidades penales a policías y militares participantes en los operativos represivos.
Otras peticiones están referidas a seguir ese mismo procedimiento contra los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los que formaron parte del plan operativo contra el pueblo y los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.
La reunión con las autoridades y una representación de los sobrevivientes y familiares está hoy en su segunda jornada en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, según la Agencia Boliviana de información.
En este encuentro intervienen tres autoridades de los ministerios de Gobierno, Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, y trabajarán en unidad y de manera integral.
También participan el resto de los delegados de las asociaciones de todo el país que fueron víctimas de la represión durante la asonada de hace dos años, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos.
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