‘Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada’, declaró el ministro de Economía, Pedro Francke.
Ratificó en tal sentido el compromiso de la administración del presidente Pedro Castillo de masificar del uso domiciliario de ese combustible para beneficio de todos los peruanos.
Los ataques y presiones de medios de prensa, políticos y empresarios neoliberales ignoran esa precisión y siguen enfocando sus cañones sobre el presidente, porque el lunes último planteó al Parlamento concertar con el Ejecutivo una ley para estatizar el gas, aunque de inmediato corrigió el término y dijo nacionalizar.
Ante la algarada opositora, el mandatario precisó que ‘como gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa’ y que la prioridad de su ejecutivo es masificar el acceso al gas natural y a ello se añadió hoy la declaración de Francke.
Los cuestionamientos continuaron, invocando la ligera devaluación monetaria, producto de la incertidumbre creada por las declaraciones de Castillo, según sus detractores.
El clima de tensión fue alimentado en parte por la declaración del neoliberal presidente del Banco Central (emisor), Julio Velarde, sobre una afectación de expectativas empresariales motivada por las palabras del jefe de Estado.
La ofensiva incluyó reclamos del gremio de empresas de minería, energía y petróleo, cuando el gobierno tiene pendiente la renegociación de los contratos de explotación del gas por el consorcio Camisea.
Esos contrarios son cuestionados por expertos, en particular el referidos a la exportación mediante un país intermediario, para pagar menos impuestos.
En el frente político, bancadas de derecha extrema invocaron el temor a una estatización para ratificar su decisión de negar la confianza al nuevo gabinete ministerial, y legisladores de centro-derecha insinuaron la posibilidad de sumarse a esa posición.
Los participantes en la nueva arremetida contra el frágil gobierno peruano exigen también que el gobierno renuncie a la promesa electoral y parte esencial de su programa, de promover una consulta ciudadana sobre la convocatoria a una asamblea constituyente que cambie la carta magna neoliberal de 1993.
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