Este último corre a cargo de la pesquisa sobre la explosión en el puerto capitalino el año pasado y llamó a Diab bajo cargos de negligencia.
Fuentes judiciales revelaron al canal al-Jadeed TV que la querella detendrá el procesamiento del ex jefe de Gobierno hasta que haya una decisión.
Diab, junto con tres exministros y diputados en ejercicio Ali Hassan Khalil, Ghazi Zoaiter y Nohad al-Mashnouq, enfrentan acusaciones del juez investigador sobre lo ocurrido en la terminal portuaria.
Khalil y Zoaiter también presentaron demandas ante el Tribunal de Casación para recabar de la autoridad competente el despido de Bitar, indicó la nota de al Jadeed.
Una querella semejante originó el despido del investigador anterior, Fadi Sawan, removido del puesto en febrero último.
En la percepción popular y de los analistas, la tradicional división de partidos y confesiones religiosas en Líbano quedó al margen con una supuesta unidad contra la elusión de profundizar la pesquisa sobre la tragedia de agosto de 2020.
Todos coinciden en que hubo negligencia durante años por el mal cuidado en un almacén de la terminal portuaria de miles de toneladas de nitrato de amonio, una sustancia con características explosivas.
Sin embargo, la mayoría de las facciones coinciden en dilatar y entorpecer un proceso investigativo que pudiera amenazar su supervivencia.
La elite política obstruyó en varias ocasiones el trabajo de Bitar con sucesivas demandas.
Según los especialistas comienza a manifestarse un desvanecimiento de las esperanzas de señalar los responsables de la catástrofe que causó la muerte a más de 200 personas y heridas a unas seis mil 500.
Un sector de la sociedad quiere llegar hasta el final y que emane la verdad, pero enfrenta a una cúpula gobernante dispuesta a todo, incluido el asesinato o la guerra civil con tal de evitar que salgan a la luz sus trapos sucios, reflexionan los observadores.
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