Por una parte, el Congreso inició hoy a esta ciudad norandina un programa de sesiones en el interior del país, aunque requirió fuertes medidas de seguridad que aislaron el hotel donde se efectuó la reunión, tras un mitin de repudio que reclamó el cierre del Legislativo.
Como complemento, escogió temas de indudable popularidad, en primer lugar una ley que dispone el pago de las facturas de medianas, micro y pequeñas empresas, en un plazo máximo de 30 días, pues los clientes suelen demorar excesivamente el pago.
La ley fue aprobada por unanimidad y entre aplausos, dando pie a discursos que ensalzaban al Legislativo y señalaban que la norma demostraba lo injusto de la impopularidad del Congreso, que consideraron consecuencia de las críticas de sectores de la prensa.
El autor del proyecto de ley, Carlos Anderson, neoliberal, dijo que medidas como la norma aprobada son la mejor respuesta a quienes cuestionan al Congreso y no faltó una legisladora de la misma línea que ensalzó al ‘capitalismo popular’.
La sesión también trató sobre la ley de emergencia alimentaria, que recoge una propuesta de la bancada del frente progresista cogobernante Juntos por el Perú, para apoyar a las Ollas Comunes, un sistema surgido en las comunidades pobres por el cual un vecindario se une para preparar comida para todos.
La práctica existe desde hace muchos años, pero se extendió notablemente tras el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19 que impedía salir a trabajar, afectando sobre todo a los más pobres, quienes sobreviven con lo que ganan cada día.
El proyecto de ley dormía desde agosto y fue uno de los primeros presentados en el Congreso recién instalado, pero quedó congelado desde entonces, pese a la desesperada situación alimentaria, lo cual motivó reclamos y marchas de los afectados.
En vez de dar prioridad el proyecto, el Legislativo se enfocó en interpelar e idear normas y pronunciamientos considerados acciones obstruccionistas, así como en ataques de corte macartista contra el nuevo gobierno progresista.
Destaca entre esas acciones una reciente ley que virtualmente cierra la posibilidad que el presidente de la República ejerza la opción constitucional de cerrar el Parlamento si el Legislativo niega dos veces su confianza en el gabinete ministerial.
La idea de cerrar el Congreso tiene el precedente de que el exmandatario Martín Vizcarra disolvió en 2019 el Legislativo mediante ese mecanismo previsto en la Carta Magna.
Sobre la demanda generalizada de clausurar otra vez el Legislativo, el presidente Castillo pidió esta semana respeto por los poderes del Estado, pero acotó que pedir el cierre del Congreso es un derecho del pueblo.
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