El titular de Justicia, Aníbal Torres, dijo que el Ejecutivo propondrá al Parlamento reformas parciales a la constitución neoliberal de 1993 y una de las primeras, en preparación, plantea anular esa norma, sin antecedentes en Perú ni en otros países, según sus críticos.
El artículo 62 de la constitución vigente establece que “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
La norma se complementa con el sometimiento de las controversias entre el Estado y empresas extranjeras al arbitraje del transnacional Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi).
Los “contratos ley” constituyen uno de los aspectos más cuestionados por los amplios sectores críticos de la constitución, la cual, según diversas encuestas, debe ser cambiada o reformada, en opinión de la gran mayoría de los peruanos.
Torres dijo que el Gobierno busca con las reformas proyectadas, terminar con los monopolios, oligopolios y posiciones dominantes en el mercado, así como convertir a la educación y la salud en derechos fundamentales.
Afirmó que el Gobierno no promueve una asamblea constituyente porque el presidente Pedro Castillo comprende que debe gobernar para todos los peruanos, a pesar de que la asamblea es una propuesta de Perú Libre, el partido de gobierno, pero tampoco puede impedir que los partidos políticos u otras organizaciones la promuevan.
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