Al cumplirse dos meses de su entrada en vigor, el máximo tribunal analizará la legislación que tampoco contiene excepciones para los casos de incesto o violación.
Los republicanos, que gobiernan el sureño Estado desde 1995, aprobaron en 2013 una iniciativa que exigía a las clínicas determinadas condiciones para practicar los abortos como parte de la ofensiva legal para restringir la interrupción.
Para el presidente, Joe Biden, la medida de Texas es “una evidente violación” a la Constitución.
En ese sentido, advirtió que su administración defenderá el histórico fallo de Roe V. Wade, que desde 1973 dio a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
La ley de Texas perjudicará de forma significativa el acceso de las féminas a la salud, en particular para las que residen en “las comunidades de color y pobres”, subrayó entonces el mandatario.
De inmediato la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos emprendieron acciones legales para derribar la ordenanza.
En esencia la ordenanza prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación cuando los latidos del corazón del feto son detectables.
Sin embargo, en ese momento aún muchas mujeres ignoran que están embarazadas.
El pasado 6 de octubre, el juez de distrito Robert Pitman emitió una orden para detener la ley, algo que defensores del derecho al aborto vieron como una victoria.
La ley de Texas entró en efecto el 1 de septiembre, luego de que la Corte Suprema declinara una solicitud de emergencia para bloquearla.
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