Vásquez dijo anoche que hoy, al retorno del presidente Pedro Castillo de un viaje al interior, tomará con él “las decisiones que correspondan”, lo cual, según interpretación general, sería pedir la dimisión del titular, Luis Barrenzuela, en el ojo de la tormenta por hacer una fiesta en su casa pese a estar prohibido por la emergencia sanitaria contra la Covid-19.
“He recibido una respuesta del ministro del Interior sobre el evento realizado en su casa, que considero inaceptable. Mañana, al retorno del Presidente de la República y de manera conjunta, tomaremos las decisiones que correspondan”, escribió Vásquez en su cuenta de Twitter.
El retiro de Barrenzuela es reclamado por la mayoría de las fuerzas políticas y la prensa debido al agravante de que, siendo ministro del Interior, él tenía la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la prohibición.
Ante el escándalo desatado por la noticia, el ministro alegó que no hizo ninguna fiesta y lo sucedido en su casa fue una reunión de trabajo, lo cual la prensa consideró poco creíble. La primera ministra lo emplazó públicamente ayer a presentarle con urgencia sus explicaciones y anoche anunció en un Twitter que las había recibido y eran inaceptables.
El incidente dio pie a emplazamiento a voceros de diversas bancadas parlamentarias que amenazaron con negar su confianza al nuevo gabinete ministerial instalado el 6 de octubre último, sin la cual Vásquez y todos los ministros tendrían que renunciar por mandato constitucional.
El caso tuvo como contexto una serie de conflictos sociales, como el bloqueo por una comunidad campesina, de la carretera de acceso a la importante mina Antamina, explotada por capitales norteamericanas en la norteña región de Áncash.
La empresa afectada anunció el domingo último la suspensión de sus actividades, pese a los esfuerzos de apaciguamiento de la primera ministra, y la patronal Sociedad de Minería, Petróleo y Energía desplegó una campaña publicitaria a su favor.
La compañía recibió el apoyo de fuerzas políticas de derecha y centro y de la mayoría de la prensa, de línea neoliberal, aunque también surgieron críticas que calificaron la medida como chantaje para presionar al gobierno a reprimir a los comuneros, que hasta ayer mantenían bloqueada la vía.
Los campesinos exigen que la empresa acepte tratar con ellos un acuerdo de compensación por el uso de sus tierras para instalaciones mineras, lo cual la compañía niega.
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