Al mismo tiempo, se confirmó una huelga de transportistas cuyo financiamiento acordaron por mensajería de Internet importantes empresarios empeñados en propiciar la vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo, según una investigación periodística.
Los ministros de Energía y Minas, Eduardo González, y de Cultura, Gisela Ortíz, acordaron con la comunidad campesina de Aquia instalar una mesa de diálogo con la empresa minera Antamina.
Los labriegos accedieron a levantar el bloqueo de la carretera de acceso a la mina mañana, en cuanto un representante de la empresa firme el acta, como ya lo hicieron los ministros y los comuneros.
Al dar cuenta del logro, Vásquez indicó que se acordó que el presidente de la empresa, Víctor Gobitz, participe en el diálogo sobre las demandas campesinas de compensaciones por el uso de sus tierras por la empresa para la instalación de equipos.
La empresa, de capitales norteamericanos, se ha negado a tratar el tema, alegando que hace más de 20 años compró a la comunidad las tierras en cuestión, lo que hace prever una dura negociación.
Con evidente fin de presionar al Gobierno y lograr impacto en la prensa, que apoya a la empresa, Gobitz anunció el domingo último la suspensión de las actividades de Antamina y culpó del conflicto al dirigente Vásquez, a tiempo de pedir que se imponga el orden.
El pedido fue secundado por partidos y medios de prensa neoliberales, que culpan al Gobierno del conflicto, y gremios empresariales que coincidieron en reclamar acciones de fuerza.
El poderoso empresario minero y político neoliberal Roque Benavides acusó al Gobierno de atacar a las empresas mineras, al parecer por declaraciones de la primera ministra, sobre la justeza de las protestas ante la falta de atención a los reclamos sociales.
“Los bloqueos de carretera son ilegales e inaceptables y principalmente es el principal factor que ha forzado a las mineras a paralizar sus actividades”, dijo.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero lo que no podemos es estar en una situación de caos, tenemos un límite”, añadió, dando a entender que más empresas mineras en conflicto podrían detener su producción, la más importante para la economía peruana.
Entretanto, el vocero de los transportistas de pasajeros de Lima, Ricardo Pareja, confirmó que el lunes próximo iniciarán una huelga, en protesta por el alza de precios de los combustibles.
El portal periodístico Epicentro difundió diálogos por mensajes dee Internet entre importantes empresarios, que hablaban de propiciar el cese del presidente Castillo y para ello financiar el paro del transporte que se avecinaba.
Por otra parte, José Fachín, líder de las comunidades amazónicas que mantienen ocupadas un instalaciones de la empresa estatal Petroperú desmintió la afirmación de esta, sobre amenazas de incendiarlas y dijo que “no vamos a caer en provocaciones”.
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