Después de la denuncia este miércoles de la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón, sobre mal manejo de fondos, expulsiones de trabajadores, amenazas a periodistas y sus familiares y cierre de medios del Estado, referentes del ramo manifestaron su rechazo.
“Hay que seguir investigando, porque en pocos meses hubo muchos excesos, mucho abuso de poder”, manifestó el director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, Edgar Pomar.
El académico subrayó que todo eso debe sancionarse e investigarse porque “no creo se acabe ahí”, indicó en declaraciones publicadas por la Agencia Boliviana de Información.
Los hechos “no pueden quedar en la impunidad”, afirmó Pomar, y apuntó que hubo despidos de gentes, cierre de medios, cambios de nombre al periódico y, en breve tiempo, fueron designados tres gerentes en la televisora estatal Bolivia TV.
Las acciones del régimen de facto coartaron la libertad de expresión y el derecho a la información, remarcó.
También lamentó lo ocurrido su homólogo en la Universidad Técnica de Oruro Antonio Valdez, quien demandó que esos actos de corrupción “deben ser castigados”.
Apuntó que el daño económico a Bolivia TV ascendió a alrededor de 296 mil dólares en los nueve departamentos del país en el costo de la reparación y el mantenimiento de los equipos, a lo cual se añadieron otros 375 mil 855,98 de la misma moneda por la suspensión forzada de emisión.
La presidenta de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, Verónica Palenque, manifestó dolor por la manera en que fueron manejados los medios de comunicación, que a su juicio, son la “representación del pueblo”.
“Es muy triste verlo porque un rasgo característico de una dictadura es maltratar a los medios de comunicación”, expresó.
En declaraciones Patria Nueva, Palenque denunció que muchas emisoras comunitarias fueron clausuradas, otras desmanteladas y otras tuvieron que hacer concesiones para recibir publicidad estatal.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, manifestó que el gobierno de facto dirigió acciones para desmantelar “por completo) las Radios de los Pueblos Originarios.
Había una intencionalidad clara de hacer fracasar a los medios de comunicación del Estado, de “destruir por completo” los medios radiales, televisivos y el periódico, recalcó.
Aguilar subrayó que el propósito de los golpistas “era acallar, destruir los medios estatales”.
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 las pérdidas económicas a medios estatales bolivianos ascendieron a más de un millón de dólares, según la denuncia de la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón.
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