Voces progresistas y en algunos casos de derecha radical -pese a que esta pidió la intervención- coincidieron en discrepar de la decisión del Ejecutivo, alegando la inconveniencia o la falta de sustento constitucional de la medida.
Entre las críticas, destacan el señalamiento de que la resolución suprema que dispone la intervención lleva las firmas de los ministros del Interior y Defensa, mas no de la primera ministra, Mirtha Vásquez, como es usual, según los críticos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demandó anular la medida, afirmó que fue tomada para atender una demana antidemocrática del espectro político conservador y advirtió que “no se responde a la violencia con más violencia, ninguna razón de estado la puede justificar”.
La exministra de Defensa del reciente gobierno de Francisco Sagasti, Nuria Esparch, señaló que “el uso de las FFAA solo puede ser para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades y derechos, y no para atentar contra las garantías constitucionales”.
Ante las críticas, el Ministerio de Defensa afirmó en un mensaje de Twitter: “Nuestro personal militar ha recibido instrucción en temas de derechos humanos en el Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas”.
El abogado constitucionalista Luciano López señaló que la carta magna determina que los militares solo pueden intervenir en tareas de orden interno previa autorización bajo estados de emergencia o de sitio y fuera de estos y excepcionalmente contra el terrorismo y el narcotráfico.
Agregó que la medida de autorización de la intervención militar solo puede tomarla, según la constitución, el Consejo de Ministros, lo cual no ha ocurrido, dijo, en este caso.
Desde la derecha extrema, el congresista y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, declaró que estas “no están para participar en la seguridad ciudadana, no están entrenadas para eso, no están equipadas para eso”.
Sin embargo, las congresistas de extrema derecha Patricia Chirinos y Noelia Herrera admtieron que solicitaron al Ministerio del Interior la intervención militar, pero alegaron que solo la solicitaron para la provincia portuaria del Callao, adjunta a Lima.
Desde ese sector, no faltaron voces que consideraron que se debe usar a los militares para mantener el orden ante una serie de protestas sociales que vive el país.
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