Por medio de su cuenta en Twitter, enfatizó que los colombianos son víctimas de una Policía que no respeta el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
La Policía Nacional de Colombia, aunque es un cuerpo armado de naturaleza civil, está adscrita al Ministerio de Defensa y, por lo tanto, el presidente de la República es el comandante supremo de la institución.
El 15 de septiembre último, el Gobierno desplegó en esta capital a unos 360 miembros de la Policía Militar para realizar patrullajes y reforzar la seguridad de la ciudad ante el aumento de las cifras de robos y homicidios, determinación que genera apoyos y críticas.
En ese escenario la semana pasada la Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s denunció el exceso del uso de la fuerza por parte de ese cuerpo contra una manifestación en Usme, en la parte sur de esta capital.
«Continúa el uso de armas de letalidad reducida que han ocasionado múltiples lesiones personales e incluso la muerte de quienes se manifiestan», recalcó la red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.
Señaló el accionar desmedido y abusivo por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), brazo élite de la Policía, que dejó varios heridos de gravedad en esa localidad.
En esos hechos un adolescente de 14 años recibió un impacto en su cabeza de un proyectil de gas lanzado por el Esmad para repeler a decenas de personas, que el pasado 28 de octubre salieron a protestar contra el ejecutivo.
En este contexto volvió a relucir los proyectos de ley propuestos por los senadores de oposición Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, que buscan el desmonte definitivo del Esmad.
Los congresistas aseguran que su permanencia está basada en la filosofía de los adversarios y, por ello, es necesario que este tipo de Escuadrón no funcione y mucho menos para evitar o combatir la movilización social.
La edil capitalina hizo alusión a un análisis de la socióloga Lucía Dammert, quien se dedica a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, en el cual señala que la militarización como política aumenta la violencia y conflictos.
«La militarización de la Policía tiene décadas con terribles consecuencias. La presencia de las Fuerzas Armadas complejiza un escenario que requiere diálogo, acuerdo político y efectividad en la investigación criminal», aseguró la también profesora universitaria.
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