Esta es la segunda persona sentenciada por la vulneración de los derechos de la exfuncionaria, el 6 de noviembre de 2019 en medio del golpe de Estado, y cuyas imágenes recorrieron el mundo mientras era vilipendiada por turbas opositoras.
Hace un mes fue encontrado culpable y condenado a dos años de prisión por la misma causa el ciudadano Marco Antonio Arias Flores, indicó el abogado Thomas Becker en declaraciones recogidas por el periódico El Pueblo en su versión digital.
El jurista, de origen estadounidense, subrayó que la justicia de Quillacollo dispuso un año de presidio para la imputada, “a casi dos años de lo ocurrido”, y consideró simbólico este caso, el “más emblemático” de los sucesos de noviembre de 2019.
La excaldesa fue víctima de abusos extremos y el pasado año fue revictimizada, remarcó.
Estimó que esta sentencia derrumba el discurso opositor de que fue Arce quien contrató a personas para su secuestro y posterior divulgación a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
“Las pruebas son enormes”, afirmó el abogado, quien no obstante reconoció que las causas de secuestro y tortura merecen más años de cárcel.
Recordó que personas negaron esos abusos y el gobierno de Jeanine Áñez la amenazó si informaba de los hechos a la investigación abierta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Cuando ella lo hizo, ese gobierno “le inició procesos por los delitos de terrorismo, genocidio y otros”, expresó.
Becker reveló que la exalcaldesa no comentó nada sobre las amenazas diarias del Ejecutivo de facto y de grupos de choques como la Resistencia Juvenil Cochala, una de cuyas cabecillas fue denunciada en el juicio a Giovana Mérida.
Mañana hace exactamente dos años en que una turba enardecida de opositores prendió fuego al edificio municipal de Vinto, capturaron a su máxima representante, le cortaron el pelo y luego la condujeron descalza y a empujones por las calles, mientras era insultada y vertían sobre ella pintura roja.
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