Según el comandante de la Séptima División del Ejército, Juvenal Díaz, «el cobarde ataque» ocurrió en el caserío Santa Lucía, en el citado municipio.
Los militares fueron emboscados cuando estaban «protegiendo a la población civil» y fueron acribillados con disparos y granadas desde algunas casas.
El ministro de Defensa, Diego Molano, repudió el ataque y aseguró que encontrarán «a estos criminales y les caerá todo el peso de la ley».
El pasado 23 de octubre, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», fue capturado en una zona cercana a Urabá.
Aunque el gobierno vaticinó que con la captura del narcotraficante el Clan, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llegaría a su fin, lo cierto es que la mayor estructura criminal del país intensificó sus ataques contra el Ejército y la Policía.
Sobre Otoniel pesan 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias, ocho medidas de aseguramiento y dos circulares rojas de la Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir, así como una solicitud de extradición emitida por una corte de los Estados Unidos.
El presidente Iván Duque enfatizó que el criminal debe ser extraditado urgente a Estados Unidos, en un proceso que debe ser ágil y, una vez cumpla sus condenas por narcotráfico en los Estados Unidos, deberá responder por todos sus crímenes en Colombia.
Sin embargo, políticos de oposición tales como Alirio Uribe, no comparten esa idea y advierten que debe ser juzgado por sus delitos en Colombia.
El tres veces vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, recalcó que los crímenes cometidos por Otoniel son «mucho más graves que el narcotráfico».
La extradición a Estados Unidos es un mecanismo de impunidad y al final, si lo envían a ese país, allí solo responderá por narcotráfico, un delito menos grave, advirtió.
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