Con tal veredicto, se consideraron eliminadas las pruebas obtenidas en dos años de indagación por el Ministerio Público de Río de Janeiro, como los teléfonos móviles decomisados y los datos obtenidos a partir de la violación del secreto. En la práctica, el caso vuelve al punto de partida.
Por cuatro votos contra uno, los ministros aceptaron el recurso presentado por la defensa del legislador contra un fallo en marzo de la misma clase del STJ.
Hace ocho meses, el entendimiento de los jueces era que los laudos del juez Flávio Itabaiana, responsable del caso entre 2018 y 2020, eran todos válidos.
Cuando ocurrieron los presuntos actos de corrupción, Flávio Bolsonaro era diputado estatal en la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) y la defensa argumenta que como era aforado su caso no podía estar en manos de un juez de primera instancia.
Tal criterio fue apoyado este martes por la quinta sala del STJ -tercera instancia-, que en febrero anuló una parte de la pesquisa al estimar que la suspensión del secreto bancario y fiscal del senador, ordenada entonces por la Fiscalía, no cumplió con la legalidad vigente.
Flávio Bolsonaro y su exasesor Fabricio Queiroz eran sospechosos de dirigir un presunto plan de transferencia de salarios ilegales para la oficina del descendiente del gobernante, conocido en Brasil como rachadinha, cuando era parlamentario de la Alerj.
El simple nombre encierra cargos de malversación, blanqueo de capitales y organización criminal. De acuerdo con los investigadores, el expolicía Queiroz sería el operador del corrupto plan.
A finales de 2018, el caso salió a la luz, después que el organismo de control de movimientos financieros descubriera giros atípicos millonarios entre 2016 y 2017 en una cuenta bancaria del exconsejero.
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