La organización, que integra a 13 organizaciones regionales, planteó la solicitud en una reunión con el viceministro de Derechos Humanos Guillermo Vargas, en la cual solicitó una extensión de la protección a entidades que las apoyan y a los abogados que las respaldan en sus demandas al Estado.
La necesidad de seguridad se debe a lo ocurrido el 28 de septiembre pasado, a integrantes de la asociación que participaban en un plantón reclamando sanción para el expresidente Alberto Fujimori y otros responsables de la campaña de esterilización masiva de mujeres pobres e indígenas.
Ese día, las manifestantes fueron atacadas por una veintena de integrantes del grupo de choque “La Resistencia”, ligado a partidos de derecha extrema como Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, hija del exgobernante preso.
“Nos golpearon e insultaron como terroristas y la Policía no actuó ni la seguridad municipal y no sabemos si la Fiscalía está actuando contra estos delincuentes”, declaró María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilización de Lima.
La presidenta de la Asociación Nacional, Rute Zuniga (Cusco) declaró que llevan 25 años de sufrimiento en busca de justicia y cinco gobiernos que no han hecho nada por ellas.
Las dirigentes plantearon al viceministro Vargas reactivar el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, recursos para el proceso judicial, más abogados y traductores (gran parte de las víctimas son quechua-hablantes) y otros pedidos.
La vocera y asesora de la asociación nacional, Maria Esther Mogollón, dijo que el principal reclamo es el de las reparaciones integrales a las víctimas y pidió que el Ministerio de Justicia las viabilice por decreto.
Las esterilizadas denuncian por otra parte la lentitud del juez Rafael Martínez, quien lleva seis audiencias exponiendo su dictamen sin entrar al fondo del tema, es decir, a dar luz verde a la acusación de la fiscalía, que imputa a Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.
Las afectadas por el programa desarrollado entre 1996 y 2000 suman más de 300 mil, según la Defensoría del Pueblo, y también 22 mil varones y entre las primeras fallecieron una veintena según un informe de la asociación.
El dictamen de la Fiscalía pide 30 años de cárcel para Fujimori, quien cumple desde 2009 una condena de 25 años.
msm/mrs
