De acuerdo con el juez Lee Yeakel, la decisión despeja el camino para que los distritos del estado emitan sus propias normas para protegerse de la Covid-19, una acción que podría afectar a más de cinco millones de estudiantes.
La sentencia ocurrió después de meses de disputas politizadas sobre las medidas a nivel estatal, que se oponen a los mandatos de vacunación y el uso de mascarillas promovida por la administración del presidente demócrata, Joe Biden, para evitar la propagación de la enfermedad.
La demanda, que pretendía anular el mandato, fue presentada en nombre de varias familias de estudiantes con discapacidades y de la organización Derechos de las Personas con Discapacidad en Texas (Disability Rights Texas).
Según los demandados, el fiscal general del estado, Ken Paxton; el comisionado de la Agencia de Educación del territorio, Mike Morath; y la Agencia de Educación pusieron en peligro a los estudiantes con discapacidades al borrar por completo los mandatos de la máscara sanitaria.
El gobernador y otros funcionarios estatales mantienen que la protección contra el virus SARS-CoV-2 es una cuestión de responsabilidad personal.
Yeakel determinó que la orden del gobernador viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, por lo que prohíbe al fiscal general hacer cumplir la orden de Abbott.
La propagación la enfermedad causada por el coronavirus supone un riesgo aun mayor para los niños con necesidades especiales de salud, dijo Yeakel.
Los niños con afecciones subyacentes que contraen la Covid-19 tienen más probabilidades de experimentar efectos biológicos agudos graves y de requerir el ingreso en un hospital y en la unidad de cuidados intensivos del mismo, alertó el juez.
Paxton aseguró no estar de acuerdo con la sentencia y agregó que su oficina considerará todas las vías legales para impugnar esta decisión.
La demanda fue presentada por primera vez en agosto, al comienzo del semestre de otoño, por el movimiento Disability Rights Texas.
La organización argumentó que los jefes de los distritos escolares deben tomar sus propias decisiones acerca de los mandatos de máscara teniendo en cuenta el escenario epidemiológico de cada área y las necesidades de sus estudiantes.
La orden del gobernador, dijo el juez Yeakel, excluye a los niños discapacitados de participar en los programas, servicios y actividades de las escuelas públicas a los que tienen derecho, y les niega esos beneficios.
El Departamento de Justicia apoyó la demanda contra la decisión de Abbott en septiembre, al argumentar que la prohibición viola los derechos de los estudiantes, incluso cuando los distritos escolares locales les ofrecen la opción de aprendizaje virtual.
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