En una entrevista con La Estrella de Panamá, el economista y docente universitario Ramón Rodríguez hizo una reflexión sobre la situación que enfrenta actualmente el país, la cual calificó de “muy preocupante”, porque “estamos en la cuerda floja” y en la mira de instituciones internacionales que nos consideran con poca transparencia.
La nación centroamericana apostó al endeudamiento como vía para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y necesita del dinero fresco de los inversionistas foráneos para lograr recuperarse en el menor tiempo posible, según expertos.
Sobre este aspecto, Rodríguez opinó que el grado de “riesgo país” otorgado por las principales calificadoras mundiales es una brújula para quienes evalúan invertir y guían a las entidades financieras que otorgan créditos, cuyos intereses por el préstamo son inversamente proporcionales a los peligros potenciales de la plaza.
En sus análisis, tales entidades observan el crecimiento y estructura económica del país, flexibilidad monetaria y fiscal, niveles de endeudamiento, liquidez y vulnerabilidades externas, pero también el riesgo político y aspectos institucionales, señaló el economista.
Estos elementos son sumamente importantes para analizar a largo plazo el desarrollo socioeconómico de una nación y su calificación, sostuvo Rodríguez, quien señaló el fallo absolutorio sobre el espionaje telefónico ilegal realizado bajo la administración Martinelli, como una señal de falta de transparencia judicial.
Al margen de las togas, la sociedad panameña debate que las evidencias de la incursión en la vida privada de las víctimas del espionaje realizado, delatan una responsabilidad del exmandatario, pues lo ejecutaba el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) encabezado por el propio Martinelli.
De forma irónica no pocos opinan que las juezas del Tribunal del Juicio necesitaban, como prueba concluyente, un video donde apareciera el acusado impartiendo órdenes de espiar a sus adversarios políticos, periodistas e incluso a diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Los hechos juzgados partieron de una investigación en la cual encontraron culpables a Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, exdirectores del CSN durante el mandato de Martinelli, detenidos en enero de 2015 y condenados a 60 meses de prisión, mientras el exgobernante huyó en ese momento a Estados Unidos.
Por las mismas acciones en 2017 la justicia estadounidense lo detuvo durante un año en la ciudad estadounidense de Miami y lo extraditaron a Panamá, donde estuvo en prisión preventiva hasta 2019, cuando otro tribunal lo declaró “no culpable”. jha/orm
