Esa compañía está involucrada en la causa porque conocía sobre una alteración del precio de los medios antimotines y consintió en que participara un intermediario extranjero, explicó en rueda de prensa el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
La autoridad aludió a que Murillo gestionó la compra de esos medios a la empresa Cóndor mediante la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions (BTS LLC) por 5,6 millones de dólares, cifra que significó un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Según Chávez, Bolivia demandará la devolución de ese dinero robado de su presupuesto y el resarcimiento de daños y perjuicios, porque ese hecho de corrupción fue cometido en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Murillo es acusado por los delitos de lavado de dinero y soborno, a causa de una contratación para la compra a BTS LLC de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia.
El exministro de gobierno es procesado en Estados Unidos junto a Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete del gobierno de facto; Phillip Lichtenfeld, empresario boliviano-estadounidense; y Luis Berkman y Bryan Berkman, ambos de la intermediaria BTS LLC.
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