El archivo de los hechos, una indagación policial, revelado por el ministro del Interior, Avelino Guillén, dio pie a la reacción del hermano de Inti Sotelo y el padre de Bryan Pintado, las víctimas de la represión del 14 de noviembre de 1920 contra una protesta masiva, que obligó a renunciar al conservador presidente Manuel Merino.
Pacha Sotelo calificó como nefasta la decisión de una segunda instancia policial, aunque Guillén anotó que el caso pasó a un tribunal superior, que dirimirá el tema.
Citó un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que consigna 160 muertos en protestas sociales desde 2004 y la Inspectoría General de la Policía, que archivo el caso citado, nunca tomó medidas contra los autores y los responsables.
Ócar Pintado, padre del fallecido Bryan, dijo a su vez que, a casi un año de los asesinatos, no se ha hecho justicia a las víctimas y a decenas de heridos y deploró que el anterior Gobierno, de Francisco Sagasti, no haya cumplido con ese objetivo.
Las protestas se produjeron tras asumir la presidencia Merino el 10 de noviembre, en reemplazo del destituido Martín Vizcarra (por acusaciones de corrupción) e instalar un gabinete ministerial de extrema derecha, en medio de denuncias de una conspiración golpista de ese sector político.
Merino renunció cinco días después bajo la presión de manifestaciones en su contra en todo el país y niega responsabilidades en la represión del 14 de noviembre.
Sin embargo, la Fiscalía de la Nación, tras una investigación, lo denunció ante el Congreso de la República como presunto autor, por omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, imputación que está a la espera de un antejuicio en el órgano legislativo unicameral.
Los familiares de las víctimas han pedido al parlamento, donde la coalición mayoritaria es afín a Merino, que dé luz verde para que éste y quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores Aráoz; y su titular del Interior, Gastón Rodríguez, sean sometidos a la justicia común.
De otro lado, también reclamaron justicia familiares de dos trabajadores de empresas de agroexportación ultimados por policías, uno de ellos identificado y fotografiado cuando empuñaba el arma con la cual dio muerte a una de las víctimas.
Esas muertes se registraron en diciembre de 2020, bajo el gobierno del presidente Francisco Sagasti, designado en reemplazo de Merino por el parlamento bajo la presión social que exigía que el nuevo gobernante no fuera ningún legislador que hubiera votado por la elección del repudiado exgobernante.
Una investigación sobre las muertes de diciembre de 2020, durante una huelga agraria, no ha arrojado resultados positivos.
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