Arce informó en su perfil de Twitter que escucharon demandas sectoriales de organizaciones sociales y se envío al congreso este anteproyecto para que grupos minoritarios no tengan pretextos de seguir paralizando la economía.
En carta fechada el 13 de noviembre y remitida al vicepresidente del Estado y presidente de la ALP, David Choquehuanca, el mandatario expresó que la abrogación busca contribuir a “continuar la senda del crecimiento, estabilidad, certidumbre, paz y tranquilidad para las familias bolivianas”.
Por su parte hoy Choquehuanca convocó al pueblo a la unidad en defensa de la democracia y la estabilidad nacional.
En acto de conmemoración de los 240 años de la muerte del líder indígena Tupac Katari, el vicepresidente condenó las acciones de sectores opositores que impulsan movilizaciones en contra del Gobierno y mediante sus dirigentes dan a conocer declaraciones para generar zozobra en la población.
El alto funcionario denunció la insistencia de los opositores en convocar a un paro por tiempo indefinido y su protagonismo en hechos de violencia, sobre todo, en las ciudades de Santa Cruz y Potosí.
Advirtió que “el enemigo no duerme”, pues sigue vivo el enemigo que destruye la patria, que saqueó los recursos naturales de la nación y quiere seguir entregándolos a intereses extranjeros.
También el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, manifestó que el paro y los bloqueos convocados por los «cívicos» contra la Ley 1386 son solo “un pretexto para desestabilizar al Gobierno”.
La ley 1386 responde al cumplimiento de un compromiso del Estado boliviano en el ámbito internacional con las Naciones Unidas, con el Grupo de Acción Financiera Internacional y otros en materia de prevención, lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
mgt/dla
