La autoridad gubernamental acusó al exalcalde de Tarija y actualmente senador por Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, y al alcalde de La Paz, Iván Arias, como instigadores que quieren confundir a la población con mentiras y falsos argumentos sobre la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social.
“Están queriendo nuevamente convulsionar y buscar enfrentamientos entre los bolivianos y para ello están utilizando en especial a las universidades para cumplir nuevamente su cometido como lo hicieron con los gremiales y la Ley 1386”, denunció el viceministro boliviano de Autonomías.
La autoridad del Ejecutivo ratificó que esta normativa es respaldada por el artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que son competencias privativas del nivel central la política económica y la planificación nacional.
Explicó que la norma además instituye que los gobiernos departamentales y municipales tienen la competencia exclusiva de desarrollar sus planes en base a sus realidades.
Ruiz ratificó que dicha ley no afecta a las autonomías de las gobernaciones, municipios ni universidades, como quiere hacer creer la derecha.
Por su parte el viceministro de Planificación, David Guachalla, aclaró que el Plan de Desarrollo Económico y Social emerge de los encuentros en las cumbres departamentales desarrollados con anterioridad, reportó el diario Ahora el Pueblo.
Por ello Guachalla negó que esta norma no haya sido consensuada antes de su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La autoridad dijo que los argumentos manejados por la oposición son totalmente falsos, toda vez que ya hubo una previa coordinación y no se vulneraron las leyes que ampara la normativa, principalmente la Ley 777 del Sistema de Planificación.
Esta especifica que el Estado debe desarrollar el correspondiente proceso de difusión del plan, instrucción que está a cargo del Ministerio de Planificación como órgano rector.
Antes de usar como pretexto la ley 1407 los opositores al gobierno del presidente Luis Arce aludieron a supuestos perjuicios que causaba la ley 1386 a los transportistas y gremiales para incitarlos a participar en un paro multisectorial en contra del Ejecutivo.
Durante los últimos 15 días la derecha en Bolivia intensificó una campaña contra esta normativa referente a la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que desembocó en bloqueos y actos violentos en varias ciudades, principalmente en Santa Cruz y Potosí.
En este contexto, y atendiendo a pedidos de sectores y organizaciones sociales, Arce decidió la abrogación de la ley 1386 para dar tranquilidad a la familia boliviana y dejar sin pretextos a los opositores para generar violencia y frenar la economía, según expresó el mandatario.
También el domingo último el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Édgar Montaño, denunció a la comunidad internacional que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico Rómulo Calvo, planean otro golpe de Estado.
Advirtió que en realidad estos cívicos opositores y otros personeros de la ultraderecha esgrimen toda clase de pretextos para desestabilizar al país, derrocar al Gobierno y así evitar ser investigados por su participación en el Golpe de Estado de 2019 perpetrado contra el entonces presidente Evo Morales.
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