Ejecutivos de las empresas Apumayo, Sami S.A.C y Ares, junto a los máximos dirigentes de la Confederación de Empresarios (Confiep) y la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, rechazaron el entendimiento logrado ayer sobre el terreno por la primera ministra, Mirtha Vásquez, y una comitiva de funcionarios.
El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, sostuvo que el anuncio de cierre de las cuatro minas es un atropello que viola el estado de Derecho.
A fines de octubre pasado los pobladores de la zona participaron en una huelga en la que se registraron destrozos en los campamentos mineros.
Según Caipo, Vásquez se atribuyó poderes que no tiene y asumió funciones que no le corresponden y el presidente Pedro Castillo debe rectificar sus decisiones.
El acuerdo, suscrito por Vásquez, consigna el compromiso gubernamental de no renovar las concesiones de las cuatro compañías cuyo retiro exigieron los residentes en su entorno.
Según los afectados, las operaciones mineras contaminan o amenazan las cabeceras de cuenca de las cumbres andinas, de las que provienen las aguas de los ríos que abastecen a las poblaciones de los valles y llegan hasta la costa.
Al firmar el convenio con los dirigentes sociales de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, en el sur de la región centroandina de Ayacucho, Vásquez informó que no se renovará las concesiones de operación o exploración de las compañías.
La conservadora presidente del Congreso de la República, Maricarmen Alva, manifestó su oposición al anuncio de la Primera Ministra e invocó la defensa y la seguridad jurídica de las inversiones.
Vásquez, que ha logrado mediante el diálogo resolver diversos conflictos sociales similares sin represión, anunció además la convocatoria a conversaciones con las empresas concernidas para definir las fechas de sus operaciones.
Por otra parte, el líder de las comunidades selváticas que desde hace semanas mantienen tomadas instalaciones de la empresa estatal Petroperú en la Amazonía, José Fachín, demandó la atención a las peticiones nativas de remediación de la contaminación de sus territorios por operaciones petroleras de transnacionales.
Los ocupantes, según reportes de prensa, incendiaron ayer una camioneta en la estación 5 del Oleoducto Norperuano y Fachín señaló que los reclamos de los nativos datan de hace 30 años.
gas/mrs
