En una concentración en una visita a la sureña región de Arequipa, el mandatario se refirió a la arremetida empresarial y mediática contra el gobierno y en especial la primera ministra, Mirtha Vásquez.
La ofensiva fue lanzada contra la decisión de Vásquez de no ampliar los plazos de cierre de dos minas privadas de la región andina de Ayacucho rechazadas por poblaciones del entorno por afectar las aguas que las abastecen.
“Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades. Sin embargo, desde un inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades”, dijo entre aplausos.
Castillo señaló que su administración no tomará en el tema decisiones arbitrarias ni unilaterales y anotó que la explotación minera debe operar sin contaminar las fuentes de agua y con un compromiso ambiental y social.
Añadió que su gobierno heredó diversos conflictos sociales principalmente mineros y petroleros que se fueron embalsando con el paso de los años sin que exista una respuesta oportuna del Estado, ante los cuales seguirá usando el diálogo.
Castillo aseguró que no habrá en el tema decisiones unilaterales ni arbitrarias ni medidas al margen de la ley y planteó un diálogo entre el Gobierno; autoridades regionales y municipales y comunidades sobre los conflictos y llegar a consensos de beneficio general
Convocó a los empresarios y a todos los peruanos a seguir trabajando por «un país más justo, más igualitario, más cohesionado y más firme», pero también poniendo por delante el interés de la patria.
Entretanto, la primera ministra sostuvo una reunión sobre el tema con los ministros de Energía y Minas, Eduardo González, y del Ambiente, Rubén Ramírez, así como los viceministros de Minas y de Gestión Ambiental y la presidenta encargada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Miriam Alegría.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, destacó el diálogo pero señaló que las empresas mineras deben poner por delante el problema humano y ambiental, pues “no es bueno que estén contaminando nuestros ríos” pues las poblaciones d el entorno tienen derecho a beber agua no contaminada.
Anotó que el Gobierno ha heredado lo que la derecha creó en los 30 últimos años bajo la constitución neoliberal, vigente. “Que no nos trasladen aquello que no han podido resolver durante tantos años”, expresó.
jha/mrs
